Por Marcel Garcés
Presidente Consejo Metropolitano
Colegio de  Periodistas

La determinación  del gobierno del  presidente Sebastián Piñera de terminar con el diario La Nación,  es mucho más  que la alevosa
supresión de un medio de comunicación, sino que apunta a  violentar una condición esencial de la democracia, de la libertad de
pensamiento, del derecho de los ciudadanos a ser  informado.

Es la notificación  al país de una  política que considera a la información una mercadería, un “bien de consumo”,  así como lo dijo el propio Mandatario respecto de  la educación,  una  expresión más de la dictadura de la propiedad privada, del modelo  neoliberal, sobre el derecho a la información consagrado como un derecho humano  esencial, base y condición de la  democracia.

Además se trata de una venganza contra  el periodismo libre, que participó activamente en la restauración del sistema  democrático, en combate contra la dictadura de Augusto  Pinochet.

Así,  en lo que se supone es una  democracia del siglo 21, la derecha económica y política, los que llevaron a un  Pinochet al poder dictatorial, los que eliminaron o intentaron eliminar toda voz disidente, mediante la cárcel, la persecución, la tortura, el
degollamiento, la  desaparición y el exilio, cumplen ahora su propósito de un país uniforme,  sometido a un monopolio de contenidos,
de mensajes, en los medios de  comunicación.

No se trata, como cínicamente afirma  cierta autoridad ministerial de gobierno, de que no debe haber una voz oficial  de ningún gobierno. En ideario lo que debe haber es libertad de mercado para que  cualquiera funde un medio, en el marco de la libertad de empresa  imperante.

De lo que se trata es acallar, eliminar,  frustrar la posibilidad de que un diario como La Nación, se pueda convertir  en una voz crítica,
por lo menos no uniformada con las mentirijillas de cada día  de algún vocero oficial, de eliminar toda posibilidad de investigación de los escándalos de Palacio o de los clanes económicos que los han colocado en  La Moneda, en  calidad de sus representantes, y como se ve de sus cancerberos.

Se trata de cercenar el derecho de  opinión y de información de los chilenos. Eso es lo que está detrás de  todo.

Y de dejarle el negocio a los que  realmente mandan en el país: los grupos económicos, a los  “mandantes”.

Lo que repugna, y preocupa,  a  estos aprendices de Torquemada es el ejercicio de un periodismo crítico,  independiente de los poderes, que interprete el sentimiento de la mayoría  nacional, que sea capaz
de enjuiciar, de  denunciar.

Eso es lo que teme el actual poder, y  generalmente todos los poderes: un periodismo consciente de su rol, de ser  intérprete de de las aspiraciones de una mayoría, o que se nutra de los  principios de la libertad.
Desde el Palacio de Gobierno se nos  notifica de que  se busca eliminar del “mercado” de la noticia, la mera  posibilidad de una voz disidente, de un periodismo responsable, de una mirada  vigilante sobre el poder.

Ese es el rostro de un totalitarismo del  pensamiento.

En esto no cabe equivocarse. Y este es  un deber  para los periodistas, para su Colegio de Periodista, denunciarlo,  y rechazarlo, como lo ha hecho, sumándose también la voz y la acción solidaria  de sindicatos y otras organizaciones del gremio..

Pero no se trata  de un problema  solo de los periodistas, un tema gremial, o solo  económico social que  afecte a un centenar de colegas y trabajadores de la comunicación, lo que de por  si es inaceptable.

Es la sociedad la que ha sido agredida  en sus derechos, Y por lo mismo es un deber de toda la sociedad,  de los  legisladores, de las
organizaciones sociales, salir a la palestra y defender el  derecho democrático a la información, porque luego- con la prensa clausurada o amenazada, vendría el intento de eliminar los derechos políticos de organización, de expresión de su pensamiento, de imponer el silencio al debate,  de acallar la disidencia.

Y  no habrá nadie para  denunciarlo.

La formula es  conocida.

Hasta ahora el gobierno ha respondido al  reclamo ciudadano con la altanería que caracteriza su conducta y su retorica:  ”Somos los
dueños y por lo tanto hacemos lo que queremos, tenemos la mayoría de las acciones por lo tanto podemos imponer las decisiones que nos convengan”.
Dentro de su lógica empresarial, y un  cinismo político, parecería obvio.

Pero la democracia, la libertad no les  pertenece, Y el país y la ciudadanía no les pertenece, mal que les pese, como lo  demuestran las encuestas..

No por lo menos a quienes son hijos de  la dictadura, discípulos de los que asesinaron no solo la libertad de prensa,  quemaron diarios, y asesinaron  periodistas.

Pero aprovechando que,  circunstancialmente,  están  en el poder., aprovechan para   sacarse las ganas. No les basta con poner en venta al país y sus riquezas, con  hacer leyes para beneficiar a sus mandantes: los grupos económicos ( a los  cuales volverán apenas
termine su período en el gobierno, que duda  cabe).

El mecanismo de dejar algo parecido a  las “leyes de amarre” de la dictadura está detrás de esta serie de medidas,  legislativas o por
decreto que se están adoptando desde el  poder.

Y eliminar la libertad de prensa e  información parece ser uno de los objetivos.

Entonces el atentado contra el diario  La Nación, y  sus trabajadores, no es solo el mero cierre de un medio, sino de lo que se trata  es imponer una visión, un mensaje, un discurso monocorde, uniforme, manipulable  por el avisaje o las presiones políticas e ideológicas.

Lo que buscan con esto es dominar en el  contenido de los mensajes con que buscan adormecer a los chilenos, y  presentarnos un  “mundo de bils y pap”, sin contradicciones, ordenadito.

No se trata de suponer intenciones. La  realidad es suficientemente clara,  obstinada.

La señora ministra del Trabajo Evelyn  Mathei,  ha pretendido en declaraciones de prensa que el problema   parece ser muy simple. No le gusta que “un gobierno de turno” tenga un  periódico.

Por otro lado,   y además en  cuanto a los trabajadores que quedarán cesantes, dice con un desparpajo y  falta de respeto a la dignidad de los trabajadores que ; “ Gracias a Dios en  estos momentos hay posibilidades de otros empleos bastante rápido,  Si  ellos se acercan nosotros los podremos ayudar.  Y uno también debe estar  abierto y hay muchos rubros donde uno puede ganar bastante  no?”.

Se trata de una burla insultante  para  los 500 trabajadores de La Nación que ya que han sufrido el cese de sus  trabajos, Y el centenar de los que entrarán a la cesantía si no hay cambios en  la política del gobierno al respecto.

Y la ministra se dio tiempo para  pontificar, para dar una clase de periodismo, y hasta de ética, cuando pregona  que “los medios de comunicación debieran ser ojalá lo más independientes  posible. Que puedan realmente informar lo que está sucediendo y no con el sesgo del gobierno”,

Ojalá, agrega “no tuvieran ningún sesgo,  pero el peor sesgo de todos es el del gobierno de turno, porque el gobierno de  por sí ya tiene bastante poder. Imagínese, cada cuatro años cambio de gobierno, cambian las pautas, las editoriales, imagínese un periodista que lo mandaron a  cubrir cosas de una determinada manera y a los tres días lo mandan a cubrir de  otra manera, no puede ser”.

Aparentemente ella no sabe- en realidad  lo sabe muy bien- cómo funcionan  el propio aparato de comunicaciones y de  propaganda de su gobierno,  como se ha relacionado el  poder, a la que  ella pertenece, con los medios o como actúan los monopolios de la  comunicación respecto de la realidad, la verdad, la democracia y los  derechos humanos.

Debería echarle un vistazo a los diarios  de la cadena El Mercurio y otros,  durante el tiempo de la dictadura, para  que constatara como son y actúan los monopolios de la información. Y a lo mejor  no necesita ir tan lejos, en el  tiempo.

No somos ingenuos, el gobierno tiene su  prensa, la derecha en el poder tienen su prensa, y sus líneas editoriales  obedecen a un modelo, muy bien elaborado por propagandistas, agencias  y manipuladores de contendidos.

Y el cierre de La Nación es una agresión que  nos convoca a la protesta y a la denuncia, a la expresión de solidaridad con  nuestros colegas y compañeros trabajadores de la comunicación, y la defensa de, la democracia y, las libertades y los derechos  humanos.